La denuncia de que Marruecos explota ilegalmente las riquezas del territorio se convierte en uno de los caballos de batalla del conflicto.
Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo asestaron en enero de 2010 un severo golpe a la política de hechos consumados que Marruecos impone en el Sáhara Occidental desde 1975. Los expertos legales de la Eurocámara denunciaron entonces la ilegalidad de "la aplicación" del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, que incluye las aguas saharauis, subrayando la realidad que Marruecos quiere ocultar: que el Sáhara no es otra cosa que un territorio no autónomo; una colonia.
Partiendo de esta condición, los abogados del Parlamento de Estrasburgo argumentaron, siguiendo la doctrina de Naciones Unidas, que para que el acuerdo fuera legal la población autóctona debería haber dado su visto bueno al convenio y haberse beneficiado de la actividad pesquera. Dos condiciones cuyo cumplimiento se ponía seriamente en duda.
Aunque el dictamen no logró que se suspendiera el convenio -o bien que se excluyeran las aguas saharauis- sí tuvo como consecuencia que el acuerdo pesquero no fuese renovado automáticamente sino que sólo se prorrogara por un año, para disgusto de Marruecos y de sus valedores en la UE, España y Francia. Un plazo que venció el pasado miércoles sin que hubiera acuerdo en Bruselas para sancionar una nueva prórroga de 12 meses, que volverá a ser discutida en unos días.
Pero ya antes de llegar a los despachos de Estrasburgo, la cuestión de la explotación de riquezas naturales del Sáhara como la pesca, los fosfatos y la promesa nunca confirmada de que su subsuelo atesora petróleo, había saltado a la conciencia del pueblo saharaui. Algo que el catedrático de Derecho Carlos Ruiz Miguel define como un "despertar", que atribuye "al 45% de paro, los salarios de miseria de los pocos saharauis que trabajan y a que el sector de los fosfatos y de la pesca está empleando fundamentalmente a colonos marroquíes".
Una huelga de hambre En realidad, trabajadores y activistas de la excolonia española vienen denunciando desde hace años la "marginación" que padecen frente a los marroquíes que viven en su tierra; la precariedad de una población cuyos recursos naturales deberían bastar para ofrecerles una vida digna y sin estrecheces.
Eddaowdi Aomar, de 26 años, es uno de los seis saharauis que hasta el pasado lunes mantuvo una huelga de hambre que duró más de 60 días en la ciudad marroquí de Guelmim. Su objetivo era reclamar el fin "del expolio masivo de los recursos naturales del Sáhara por parte de Marruecos y la mejora de las condiciones económicas de la población saharaui", según un testimonio recogido por un activista de la asociación "Sahara Thawra".
Estos seis jóvenes tomaron el testigo de los miles de saharauis que el otoño pasado montaron el campamento Dignidad para exigir trabajo, pan y respeto, antes de ser desalojados por Marruecos el 8 de noviembre. También lo hizo Ali Saaduni, detenido por la Policía marroquí el 1 de junio en El Aaiún por intentar organizar una manifestación para denunciar el "pillaje de los recursos naturales".
"Muchos jóvenes que estudian en Marruecos están marginados por ser saharauis, mientras que los marroquíes que viven en el Sáhara se benefician de los puestos de trabajo. Las riquezas del Sáhara están además controladas por mafias y por empresas ligadas al Gobierno marroquí", asegura Javier García Lachica, del Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara (WSRW en sus siglas en inglés). Esta red internacional de denuncia creada en 2005 ve en los recursos del Sáhara uno de los motivos que justifican la "ocupación marroquí", subraya García Lachica.
"Sabemos que esta ocupación tiene otros aspectos, como el territorial, pero aun así creemos que lo que en buena parte justifica la ocupación son los beneficios que las autoridades y el rey obtienen del territorio. Mohamed VI se beneficia de los fosfatos y su entorno también: bien lo saben las empresas españolas que han creado empresas mixtas con allegados del rey para operar en el Sáhara", deplora.
Para el responsable del Observatorio, el dictamen de la Eurocámara ha sido crucial en la reivindicación saharaui: "Fue una pequeña revolución.El juego de intereses políticos y el statu quo quedó patas arriba, sobre todo porque luego ha habido un dictamen similar con respecto al acuerdo agrícola y de conservas pesqueras. Todo esto ha puesto muy nervioso a Marruecos, que ha movilizado toda su capacidad de lobby en la UE. Lo dejó claro el ministro de Asuntos Exteriores marroquí [Taieb Fassi-Fihri], cuando dijo que el acuerdo de pesca era sobre todo una cuestión política".
Además de subrayar la ilegalidad de la aplicación del acuerdo, el dictamen amenaza con socavar los argumentos de las muchas empresas extranjeras que, según WSRW, "contribuyen al expolio" con una presencia en el Sáhara que "legitima la ocupación marroquí", asegura García Lachica. "Hay muchas empresas que justifican su presencia allí arguyendo que si la UE lo hace, pues ellos también", precisa el activista.
El ejemplo de la UE.
Público se puso en contacto con dos de las empresas denunciadas en las últimas campañas de WSRW: la conservera de pescado Jealsa Rianxeira y los supermercados Mercadona, que compra para su marca blanca, Hacendado, las sardinas que Jealsa envasa en su fábrica de El Aaiún.
Miguel Mercadona se limitó a remitir a este diario al distribuidor, Jealsa Rianxeira, mientras que fuentes de esta última empresa aseguraron que su presencia en el Sáhara se produce "en virtud de unos acuerdos vigentes y legales en la UE". Jealsa también precisó que "genera riqueza en la zona" y que de sus "350 empleados, entre 67 y 70 son saharauis".
Carlos Ruiz Miguel tiene claro por qué que la cuestión de la explotación de las riquezas del Sáhara es tan "sensible para Marruecos". En su opinión, la razón última es que "si queda claro que el país es rico nadie pondría en duda la viabilidad del Estado saharaui", una realidad que, concluye, "Marruecos y el Gobierno español quieren ocultar".
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