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lunes, 28 de abril de 2014
La Nueva España - 26/04/2014

La Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui hace un llamamiento urgente para encontrar familias ovetenses de acogida para cuarenta niños de nueve y diez años del programa solidario "Vacaciones en paz". Forman parte de los 260 menores del campamento de refugiados de Tinduf que vienen a pasar los meses de verano a Asturias. Los organizadores, Amigos del Pueblo Saharaui y la Delegación Saharaui en Asturias, alertan de un "descenso notable" de hogares de acogida en la capital del Principado para los que, en un principio, hay previstos esos cuarenta niños.


"La no captación de familias en Oviedo significaría que esta población tan vulnerable perdería la oportunidad de conocer otra realidad distinta a la de los campamentos de refugiados, tener una alimentación variada y rica en proteínas, pasar un control médicos y gozar de un clima más benigno que las altísimas temperaturas de su lugar de origen". Los Amigos del Sáhara, que organizan el programa de verano desde hace diecinueve años, instan así a los ovetenses a acoger a los niños.

"Vacaciones en paz" cuenta con el apoyo de la administración pública y de algunos ayuntamientos asturianos como el de Oviedo.

Los niños suelen llegar al Principado en julio, regresan al Sáhara a principios de septiembre, y la mayor parte convive con la misma familia durante varios veranos.

El Gobierno regional, sensibilizado con el conflicto del Sáhara, acaba de hacer una declaración institucional para que el organismo de la ONU, Minurso (Misión de la Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental), amplíe sus competencias a velar por los derechos humanos en los territorios ocupados "extendiendo su mandato a la protección y vigilancia de las fosas comunes de desaparecidos saharauis existentes en Fadret Leguíaa y en la región de Smara".
Público 24/04/2014

Los cuatro activistas aragoneses que el pasado 21 de abril fueron expulsados de Marruecos cuando intentaban entrar al Sahara Occidental han reclamado hoy al Gobierno de Aragón que pida explicaciones al Gobierno central y al Estado marroquí por el trato recibido en el país norteafricano. Raúl Ramón, Irene Bailo, Laura Soteras y Diego Marín, pertenecientes a la I Brigada Aragón-Sahara, han comparecido hoy en rueda de prensa en Zaragoza para denunciar el trato recibido por parte de la policía marroquí quienes, según ellos, les negaron la comida y les privaron de sus "derechos de reunión y de libre circulación", ha señalado Ramón.


Una vez en el aeropuerto, según Diego Marín, la policía marroquí, a pesar de que no habían facturado ningún equipaje, "intentó" adjudicarles una maleta, según él, sospechosa, un hecho que ha calificado de muy "grave". Además, los activistas presentaron una queja formal a la embajada española de Marruecos ya que, según entienden, el comportamiento de los trabajadores de la embajada no fue el adecuado.

La I Brigada Aragón-Sahara se desplazó al Sahara Occidental para recoger testimonios y reunirse con diversas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos del pueblo saharaui para conocer "in situ" y de primera mano la realidad que viven día a día los saharauis, ha explicado Irene Bailo. Según ha relatado, el proyecto de esta brigada consta de tres fases: una primera de formación en Zaragoza para conocer la historia y la geopolítica del Sáhara, una segunda en la que se iban a desplazar hasta el territorio para conocer qué está sucediendo allí y una tercera que consiste en contar sus experiencias y difundir entre la población la situación que atraviesa el pueblo saharaui.

A pesar del incidente, los activistas han insistido en que no han mermado sus ganas de seguir luchando para dar a conocer la situación del pueblo saharaui que vive, según ellos, la represión y un bloqueo mediático constante por parte de Marruecos, por lo que no descartan volver allí para llevar a cabo el objetivo que se habían planteado inicialmente. Para continuar con esa tarea de difusión, los activistas se desplazarán el próximo sábado a la localidad oscense de Jaca en una jornada en la que ofrecerán una charla informativa y habrá una cena típica saharaui.

El próximo martes 29 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciará sobre la renovación de la Misión de Naciones Unidas en el Sahara Occidental (Minurso), establecida en 1991, a la que, según indicaron fuentes diplomáticas a Efe, no se le darán poderes para supervisar la situación de los derechos humanos en el territorio.
Público 22/04/2014

Más de 18 horas de espera en el aeropuerto de Marrakech sin comer ni dormir, sin saber cuándo ni cómo serán expulsados de Marruecos tras recibir el aviso de la policía del país, donde no son bienvenidos.  Cuatro jóvenes aragoneses viven desde el pasado miércoles, cuando intentaron acceder a El Aaiún para conocer la realidad social y política del Sahara Occidental ,  "una constante tortura psicológica por parte de los cuerpos de seguridad alauí que no quieren aquí a observadores internacionales", explica Diego Marín, integrante del grupo de activistas.


Irene Bailo, Laura Soteras, Diego Marín y Raúl Ramón llegaron a la capital de la antigua colonia española, donde pretendían permanecer durante una semana, para recoger testimonios de responsables de asociaciones de derechos humanos. Tras más de una decena de controles hasta llegar a El Aaiún, la policía marroquí los bajó del autobús en el que viajaban, los registraron e interrogaron durante tres horas, preguntándoles sobre su profesión, el motivo y duración de la visita y  sus contactos en la zona. "Fueron tajantes. Nos dijeron que no teníamos permiso para entrar en la ciudad y nos obligaron a meternos en un taxi en dirección a Agadir sin más explicaciones", señala Irene Bailo.

Una vez allí, el grupo intentó regresar a Tan Tan, puerta al Sahara Occidental, donde otro taxi les aguardaba para llevarlos de vuelta a Agadir. "Ya estábamos vigilados, más de una veintena de agentes nos estaban esperando y nos advirtieron de que si volvíamos a intentar acceder a los territorios ocupados tendríamos serios problemas. Dada la presión y constante vigilancia nos trasladamos a Marrakech", apunta Bailo. 

Varios estudiantes saharauis les ofrecieron su apartamento en la ciudad para descansar hasta su vuelta a España. "Pensábamos que ahí acababa el acoso policial cuando en la medianoche del domingo, 15  agentes  se presentaron en la casa con varios furgones aparcados en la puerta del edificio", explica Raúl Ramón.  Según el grupo, la policía les comunicó que existía una orden de expulsión y que debían trasladarlos, de forma inmediata, al aeropuerto para salir del país en el primer vuelo disponible.

"Ni nos dejan quedarnos en Marruecos ni tampoco nos dan soluciones para salir del país y piden que esperemos. Durante horas nadie nos ha atendido pero sí vigilado. Desde la embajada nos han denegado el asilo político. Estamos exahustos", señala Diego Marín.

Aseguran que el cansancio físico es lo de menos, que "el mareo constante" es la estrategia de Marruecos para frenar la llegada de observadores internacionales a los territorios ocupados en unas fechas muy sensibles para el conflicto que desde 1975 atraviesan Marruecos y el Sahara Occidental.

El Consejo de Seguridad de la ONU vota este mes la renovación de la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, una cita que la población saharaui aprovecha para demandar que el organismo internacional tenga competencia para vigilar los derechos humanos en el territorio.

"Lo que Marruecos pretende es reventarnos psicológicamente, con la complacencia de las embajadas y consulados, asustarnos y presionarnos para no acudir a las manifestaciones, donde se producen agresiones que pretenden ser silenciadas", concluye Bailo.
Público - 22/04/2014

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por ordenar la expulsión de treinta inmigrantes saharauis sin haber concluido el examen de sus demandas de asilo, obligándola a mantenerles en el territorio nacional. La sentencia del tribunal europeo establece que no podrán ser expulsados "hasta que se produzca una decisión definitiva sobre sus demandas de protección internacional".


Los demandantes llegaron en patera a Fuerteventura (Canarias) entre enero de 2011 y agosto de 2012, tras huir del campamento de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún (Sáhara Occidental), que había sido desmantelado por la Policía marroquí.

A su llegada pidieron protección internacional ante el temor a sufrir tratos inhumanos si eran devueltos a Marruecos, pero esta fue rechazada por el Ministerio del Interior, que ordenó una expulsión que finalmente no se produjo. Interior calificó sus alegaciones de "contradictorias e insuficientes", mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que eran "coherentes" y los "indicios suficientes" para aceptarlas.

Los demandantes, representados por los abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentaron recursos contencioso-administrativos contra las órdenes de expulsión y solicitaron su suspensión hasta que se examinaran, pero la Audiencia Nacional denegó esa solicitud.

Sólo la aplicación de las medidas provisionales de la Corte europea, a la que acudieron entre enero de 2011 y octubre de 2012, impidió que se ejecutaran las expulsiones. Esas medidas implican que el TEDH solicite la interrupción temporal de la orden y, sin las mismas, según Estrasburgo, "los demandantes hubieran sido expulsados a Marruecos sin que el fondo de sus recursos fuera objeto de un examen tan riguroso y rápido como fuera posible".

La sentencia emitida este martes mantiene que el procedimiento por el que los saharauis pidieron en España la suspensión de las expulsiones no les permitió aportar información precisa sobre los riesgos que corrían. El fallo concluye que España vulneró el artículo 13 (Derecho a un recurso efectivo), combinado con los artículos 2 (Derecho a la vida) y 3 (Prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos humanos.

La sentencia recuerda igualmente que los tribunales nacionales "tienen que demostrar una diligencia y prontitud particular y decidir sobre el fondo en plazos breves", porque si no es así, "el recurso perdería su eficacia". Y en aplicación del artículo 46 del Convenio, estima que el Gobierno "debe garantizar, jurídica y materialmente, el mantenimiento de los demandantes en territorio español durante el examen de sus causas", que sigue abierto.

domingo, 20 de abril de 2014
El Mundo - 20/04/2014

Marruecos lleva siete años burlando los reiterados requerimientos de la Justicia española para que colabore en la investigación del genocidio en el Sáhara Occidental. Tres comisiones rogatorias desde 2007 y numerosas gestiones respondidas con silencio absoluto.


Con los nuevos criterios de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, asumidos esta semana por el juez, los crímenes en la antigua provincia africana deben ser tratados como si hubiesen sido cometidos en nuestro país, porque España «de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora».

El del Sáhara es, por tanto, el único genocidio cometido en territorio español contra ciudadanos con nacionalidad española que se indaga en la Audiencia Nacional, cuya competencia pasaría a ser preferente y no estaría ya condicionada a que los hechos sean perseguidos por los tribunales marroquíes -una auténtica utopía-, que es lo que se consideraba hasta ahora. La expulsión de Aminetu Haidar en 2009, por ejemplo, no fue investigada por España conforme a aquel viejo criterio.

La causa principal por el genocidio en el Sáhara fue abierta en 2007 por el entonces juez Baltasar Garzón, que admitió una querella de la Asociación pro Derechos Humanos de España en la que se describen los atrocidades cometidas por el ejército marroquí a partir de 1975 cuando, tras ceder a la presión de la Marcha Verde, nuestro país abandonó la colonia a su suerte y fue ocupada por Marruecos y Mauritania.

El juzgado ha emitido ya tres comisiones rogatorias, la última en octubre de 2012, para que se notifique el auto de admisión a los querellados y Rabat conteste si existe o ha existido alguna investigación y entregue todos los datos que afecten a las víctimas, incluido el lugar donde estén enterradas. El sustituto de Garzón, el juez Pablo Ruz, pregunta reiteradamente por las gestiones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia a través del magistrado de enlace con Marruecos, Luis de Jorge Martínez.

Y el Gobierno marroquí responde siempre con el silencio, pese a que los dos países firmaron en 2009 un acuerdo de cooperación penal por el que «se comprometen a prestarse [...] la asistencia judicial más amplia posible en todos los asuntos penales». Hay una excepción: no habrá colaboración si «la parte requerida considera que el cumplimiento de la solicitud puede perjudicar su soberanía, su seguridad o su orden público», lo que se amoldaría a las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara. Eso sí, inmediatamente se añade que «toda denegación de asistencia mutua deberá ser motivada y notificada a la parte requirente», algo que en este caso no sucede.

El procedimiento ha avanzado más que nunca en los últimos meses, después del descubrimiento en junio de 2013 en Smara de la primera fosa común que evidencia «la eliminación física sistemática de la población saharaui, deshaciéndose de manera masiva y clandestina de los cadáveres», con el único objetivo de «la eliminación total o parcial de ese grupo étnico» que se oponía a la ocupación, tal y como se denunciaba en la querella, que aporta las cifras precisas de 526 desaparecidos y alrededor de 120.000 desplazados desde la invasión hasta la actualidad.

Un equipo dirigido por el antropólogo Francisco Etxeberria y el psicólogo social Carlos Martín Beristain, que testificaron en febrero ante Ruz, identificó con nombre y apellidos los cadáveres encontrados allí de ocho beduinos denunciados como desaparecidos, dos de ellos adolescentes, cuyos restos esqueléticos presentan orificios provocados por proyectiles de fusil del calibre 7,62 disparados a corta distancia y dirigidos hacia el cráneo u otros órganos vitales.

La conclusión es que fueron víctimas de una ejecución extrajudicial en febrero de 1976 cuando se acercaron hasta un pozo para dar de beber a sus animales. Entre sus ropas, fueron hallados tres documentos de identidad españoles, aunque los ocho tenían esa nacionalidad o el derecho a obtenerla. Durante su interrogatorio en el juzgado, Etxeberria y Beristain describieron su entrevista con Aba Ali Said Daf, que presenció las ejecuciones cuando tenía 13 años.

Said Daf no ha podido comparecer ante Ruz porque vive refugiado en Argelia, que pretende el reconocimiento del Sáhara y no le concedió el visado. Ante los investigadores, relató cómo pudo ver a un miembro del ejército marroquí disparando a sangre fría «en pleno corazón» de las víctimas. «Tenía pistola, pero cogió un fusil para hacerlo», contó. Otros 15 familiares de los fallecidos narraron versiones perfectamente encajables con los análisis forenses de las evidencias descubiertas.

En la otra causa sobre el Sáhara, referente al desalojo violento en 2010 del Campamento de la Dignidad, Marruecos se ha limitado a confirmar que el saharaui español Baby Hamday murió víctima de un atropello, sin indagar si fue intencionado.
martes, 15 de abril de 2014
El comercio - 14/4/2014

Los responsables de 'Vacaciones en Paz', el veterano programa con el que la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui trae a Asturias, verano tras verano, a pequeños de entre 7 y 12 años procedentes de los campamentos de refugiados, están «muy preocupados».


Tanto la asociación como la Delegación Saharaui en el Principado acaban de realizar «un llamamiento urgente a las familias asturianas para que acojan en sus hogares, durante los próximos meses de julio y agosto, a 80 niños y niñas, de 9 y 10 años», porque la crisis «está pasando factura en todo el país y existe un serio peligro de que muchos de estos niños no puedan salir este año por falta de familias de acogida», explica Belén Cueva, una de las portavoces de Amigos del Pueblo Saharaui en el Principado.

Todos ellos están llamados a formar parte del contingente total de 260 menores que, si finalmente lo consiguen, está previsto que lleguen a Asturias la primera semana de julio para disfrutar de unas vacaciones con familias de la región como beneficiarios de un programa que la Delegación Saharaui para Asturias y la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui vienen organizando de forma ininterrumpida desde hace 19 años y que ha sido seriamente tocado por los rigores económicos que atraviesan muchas familias españolas.

Y es que, cuentan, «la no consecución del objetivo de captación de esas familias necesarias para la acogida de esos niños y niñas significaría que esta población tan vulnerable perdería la oportunidad de conocer otra realidad distinta a la triste de los campamentos de refugiados, de beneficiarse de una alimentación variada rica en proteínas, de los correspondientes y necesarios controles médicos, así como de gozar de un clima más benigno que las altísimas temperaturas que deberían de soportar en el desierto durante estos meses de verano», donde pueden rebasarse los 50 grados.

Apelan a la probada solidaridad de los asturianos porque faltan ochenta acogedores para otros tantos pequeños. Y lanzan el mensaje en Gijón porque «es el concejo más solidario, con 60 niños acogidos cada año» que, recuerdan, «merecen aprender y disfrutar del intercambio cultural y, sobre todo, ser diagnosticados de posibles dolencias y acceder a tratamientos vedados en los campamentos por falta de recursos materiales».

Quienes ya han participado en el programa cuentan que «el enriquecimiento es mutuo». En 1976, España abandonó el Sahara Occidental y miles de personas fueron condenadas a sobrevivir exiliadas en el desierto argelino.
lunes, 14 de abril de 2014
El Comercio - 13/04/2014

El rey Mohamed VI advirtió ayer al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de la necesidad de evitar "enfoques parciales y opciones peligrosas" sobre el Sáhara Occidental, después de que ayer el diplomático pidiese la supervisión independiente de los derechos humanos en el territorio.


En un comunicado, el Gabinete Real apunta que el monarca mantuvo una conversación telefónica con el secretario general de la ONU en la que le comunicó que se deben preservar los parámetros de la negociación definidos por el Consejo de Seguridad y salvaguardar el marco y las modalidades actuales de implicación de la ONU.

"Cualquier desviación de esta dirección sería fatal para el proceso y pondría en riesgo la implicación de la ONU en el asunto", indica el comunicado, en una amenaza velada de que Marruecos podría prescindir de la ONU.

En un informe remitido al Consejo de Seguridad y que se utilizará como base para las discusiones que la próxima semana mantendrá el máximo órgano de decisión de la ONU, Ban destaca la cooperación de todas las partes en la protección de los derechos humanos, pero dice que el "objetivo final sigue siendo una vigilancia de los derechos humanos sostenida, independiente e imparcial".

Hace un año, el Consejo de Seguridad discutió la posibilidad de dar por primera vez a la Misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (Minurso) mandato para supervisar la situación de los derechos humanos sobre el terreno, una iniciativa de Estados Unidos que Rabat consiguió finalmente evitar.

En las últimas semanas, Marruecos ha emprendido una campaña interna y internacional para presentar los "avances" en el Sáhara Occidental, y particularmente en el respeto a los derechos humanos, ante la cercanía del voto del Consejo de Seguridad.

Sin embargo, el pasado jueves, la viceministra marroquí de Exteriores, Mbarka Buaida, abogó por la prolongación del mandato de la Minurso, pero dijo que Marruecos "no hipoteca la solución del contencioso del Sáhara a esa cita anual", porque tiene sus propios planes.

En el informe, el secretario general de la ONU aborda además las demandas del Frente Polisario sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental y señala la importancia de proteger los intereses de los habitantes del territorio.

Desde 2007 y bajo los auspicios de ONU, el Frente Polisario y Marruecos han mantenido reuniones informales y varias rondas de negociaciones directas para intentar encontrar una salida al conflicto que se remonta a 1975, tras la descolonización española del Sáhara Occidental.

Rabat sostiene que la autonomía de la región bajo soberanía marroquí es la única salida viable para el conflicto, mientras que el Frente Polisario apuesta por un referéndum de autodeterminación donde la independencia sea una de las opciones
jueves, 3 de abril de 2014
Público - 29/3/14

El Gobierno ha informado, en relación a los dos agentes de la Guardia Civil que fueron observados en diciembre en El Aaiún (Sahara Occidental), que "pudiera tratarse" de una de las patrullas mixtas hispano marroquíes que actúan desde 2004 en el marco de los acuerdos en inmigración entre ambos países.

Así se explica el Ejecutivo en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de Amaiur, que se interesó por el "cometido que tenían dichos agentes uniformados de la Guardia Civil en los territorios ocupados del Sahara Occidental".

En la pregunta Amaiur recordaba que, según fuentes saharauis y varias fotografías, el pasado 20 de diciembre fueron observados en la ciudad de El Aaiún dos agentes de la Guardia Civil junto a miembros de los servicios de seguridad marroquíes, y pedía al Ejecutivo que explicara el cometido, la razón y la duración de esa misión.

En contestación a esa petición de explicaciones, el Gobierno en su respuesta informa de que "pudiera tratarse de una de las patrullas mixtas hispano marroquíes que se llevan a cabo entre componentes de la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí desde febrero de 2004 y en el marco de los acuerdos bilaterales en materia de inmigración entre ambos países". 

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