El Mundo - 20/04/2014
Marruecos lleva siete años burlando los reiterados requerimientos de la Justicia española para que colabore en la investigación del genocidio en el Sáhara Occidental. Tres comisiones rogatorias desde 2007 y numerosas gestiones respondidas con silencio absoluto.
Con los nuevos criterios de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, asumidos esta semana por el juez, los crímenes en la antigua provincia africana deben ser tratados como si hubiesen sido cometidos en nuestro país, porque España «de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora».
El del Sáhara es, por tanto, el único genocidio cometido en territorio español contra ciudadanos con nacionalidad española que se indaga en la Audiencia Nacional, cuya competencia pasaría a ser preferente y no estaría ya condicionada a que los hechos sean perseguidos por los tribunales marroquíes -una auténtica utopía-, que es lo que se consideraba hasta ahora. La expulsión de Aminetu Haidar en 2009, por ejemplo, no fue investigada por España conforme a aquel viejo criterio.
La causa principal por el genocidio en el Sáhara fue abierta en 2007 por el entonces juez Baltasar Garzón, que admitió una querella de la Asociación pro Derechos Humanos de España en la que se describen los atrocidades cometidas por el ejército marroquí a partir de 1975 cuando, tras ceder a la presión de la Marcha Verde, nuestro país abandonó la colonia a su suerte y fue ocupada por Marruecos y Mauritania.
El juzgado ha emitido ya tres comisiones rogatorias, la última en octubre de 2012, para que se notifique el auto de admisión a los querellados y Rabat conteste si existe o ha existido alguna investigación y entregue todos los datos que afecten a las víctimas, incluido el lugar donde estén enterradas. El sustituto de Garzón, el juez Pablo Ruz, pregunta reiteradamente por las gestiones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia a través del magistrado de enlace con Marruecos, Luis de Jorge Martínez.
Y el Gobierno marroquí responde siempre con el silencio, pese a que los dos países firmaron en 2009 un acuerdo de cooperación penal por el que «se comprometen a prestarse [...] la asistencia judicial más amplia posible en todos los asuntos penales». Hay una excepción: no habrá colaboración si «la parte requerida considera que el cumplimiento de la solicitud puede perjudicar su soberanía, su seguridad o su orden público», lo que se amoldaría a las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara. Eso sí, inmediatamente se añade que «toda denegación de asistencia mutua deberá ser motivada y notificada a la parte requirente», algo que en este caso no sucede.
El procedimiento ha avanzado más que nunca en los últimos meses, después del descubrimiento en junio de 2013 en Smara de la primera fosa común que evidencia «la eliminación física sistemática de la población saharaui, deshaciéndose de manera masiva y clandestina de los cadáveres», con el único objetivo de «la eliminación total o parcial de ese grupo étnico» que se oponía a la ocupación, tal y como se denunciaba en la querella, que aporta las cifras precisas de 526 desaparecidos y alrededor de 120.000 desplazados desde la invasión hasta la actualidad.
Un equipo dirigido por el antropólogo Francisco Etxeberria y el psicólogo social Carlos Martín Beristain, que testificaron en febrero ante Ruz, identificó con nombre y apellidos los cadáveres encontrados allí de ocho beduinos denunciados como desaparecidos, dos de ellos adolescentes, cuyos restos esqueléticos presentan orificios provocados por proyectiles de fusil del calibre 7,62 disparados a corta distancia y dirigidos hacia el cráneo u otros órganos vitales.
La conclusión es que fueron víctimas de una ejecución extrajudicial en febrero de 1976 cuando se acercaron hasta un pozo para dar de beber a sus animales. Entre sus ropas, fueron hallados tres documentos de identidad españoles, aunque los ocho tenían esa nacionalidad o el derecho a obtenerla. Durante su interrogatorio en el juzgado, Etxeberria y Beristain describieron su entrevista con Aba Ali Said Daf, que presenció las ejecuciones cuando tenía 13 años.
Said Daf no ha podido comparecer ante Ruz porque vive refugiado en Argelia, que pretende el reconocimiento del Sáhara y no le concedió el visado. Ante los investigadores, relató cómo pudo ver a un miembro del ejército marroquí disparando a sangre fría «en pleno corazón» de las víctimas. «Tenía pistola, pero cogió un fusil para hacerlo», contó. Otros 15 familiares de los fallecidos narraron versiones perfectamente encajables con los análisis forenses de las evidencias descubiertas.
En la otra causa sobre el Sáhara, referente al desalojo violento en 2010 del Campamento de la Dignidad, Marruecos se ha limitado a confirmar que el saharaui español Baby Hamday murió víctima de un atropello, sin indagar si fue intencionado.
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