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domingo, 28 de octubre de 2012

BUJARI AHMED - El País - 26/10/2012

El enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, pasará probablemente por Madrid este 27 de octubre en su recorrido por la región, cuyo propósito es, según el anuncio de la ONU, “intercambiar puntos de vista con actores clave sobre la manera de acelerar el proceso hacia el logro de su objetivo central identificado por sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad, es decir, una solución política mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.



Ross debería haber hecho este viaje en mayo pasado, si no fuera por la curiosa y sorprendente decisión marroquí de poner fin a la cooperación con él. Ross regresa al terreno con la misión de “acelerar el proceso hacia su objetivo último”. Ello requerirá reexaminar, de un lado, las causas que condujeron al impasse actual y, de otro, la consistencia de las diferentes propuestas de solución que existen actualmente sobre la mesa del Consejo de Seguridad.

El proceso actual que dirige en nombre de la ONU no parte en realidad del año 2007, en Manhasset, sino en 1979. En ese año, la Resolución 3437 (1979) de la Asamblea General insta a Marruecos a “poner fin a su ocupación militar del Sáhara Occidental y a negociar con el Frente Polisario, en calidad de legítimo representante del pueblo saharaui, los términos de un alto el fuego y las modalidades de un referéndum de autodeterminación”.

La OUA intentó ir por esta vía y, al chocar en 1983 con la negativa marroquí, toma la decisión de admitir a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como miembro de pleno derecho. Marruecos, enfadado, se retiró de la Organización y el enfado le dura hasta hoy. En 1991, la persistencia de la ONU y de la OUA y el resultado de 16 años de guerra lograron convencer a Marruecos a aceptar la organización de un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui pueda elegir entre la integración con Marruecos o la independencia.

La Minurso desembarca en el territorio para organizar el referéndum en febrero de 1992.

El resto es sabido. Rabat llega a finales de 1998 a la conclusión de que el referéndum conduce inevitablemente a la independencia del Sáhara Occidental y toma la decisión de escamotearlo.

Tras rechazar el Plan Baker, Rabat comunica en abril de 2004 al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que se opondrá a todo plan de paz que incluya la opción de la independencia del Sáhara Occidental con el argumento de que la independencia “pone en entredicho la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental”. Kofi Annan responde en su informe de octubre de 2004 que la “opción de la independencia ya había sido aceptada por Marruecos en el Plan de arreglo”. Hace apenas dos semanas, el informe del Departamento de Estado americano al Congreso subrayaba que “Marruecos reivindica la soberanía sobre el Sáhara Occidental, posición que no es aceptada por la comunidad internacional”. El informe va más allá cuando subraya que “Marruecos no es considerado por la ONU la potencia administradora de iure del territorio”. En realidad lo es España, aunque siga evadiendo esta verdad.

En junio de 2007, animado por algunos sectores de la Administración de Bush, el mismo Chirac, Zapatero y, más tarde, Sarkozy, Marruecos presenta al secretario general su famosa propuesta de “autonomía”, que es inmediatamente contrarrestada por la propuesta del Frente Polisario. El Consejo de Seguridad toma nota de las dos sin calificar a ninguna de ellas de “seria o creíble” como lo quiere hacer ver Marruecos. No hay más que leer el texto de la Resolución 1754 (2007). Sobre la base de estos desarrollos, iniciamos el proceso de Manhasset, en junio de 2007.

La “tercera vía” que propuso Rabat es en realidad una solución unilateral destinada a legitimar un “botín de guerra”. Su pecado capital radica en la presunción irrealista de que la comunidad internacional y el Frente Polisario aceptarían de entrada su premisa esencial, es decir, la soberanía marroquí proclamada unilateralmente sobre el Sáhara Occidental.

Para Rabat, la autodeterminación es algo secundario, superfluo, y su función es “confirmar un acuerdo” que ha de versar únicamente sobre la incorporación del territorio a Marruecos, y esta debe ser la única finalidad de la negociación.

La propuesta saharaui difiere de la marroquí en la medida en que deja abierta la posibilidad a todas las opciones reconocidas por la ONU para un problema de descolonización y, por consiguiente, a todas las soluciones, incluidas la independencia y la autonomía o la integración, que es el mismo perro con distinto collar.

Consecuentemente, la negociación, a los ojos del Frente Polisario, debe situar el centro de gravedad en la consulta al pueblo saharaui y su finalidad estriba en remover los obstáculos en el camino del referéndum de autodeterminación.

Esta visión ha sido revalidada por el secretario general de la ONU en su informe de abril de 2011, al enfatizar que “conocer la opinión del pueblo saharaui es el elemento central en la búsqueda de toda solución justa y duradera”.

El punto novedoso que incorpora la propuesta del Frente Polisario es la invitación a Marruecos de ampliar el horizonte de miras y aprovechar el proceso para visualizar los términos recíprocamente ventajosos en los dos supuestos —independencia o autonomía— que entrarían en vigor al día siguiente de los resultados del referéndum. Marruecos continúa dando la espalda a esta invitación.

Han pasado cinco años desde el inicio del proceso de Manhasset y forzoso es constatar que no lleva a ninguna parte por la sencilla razón de que la propuesta marroquí, tal y como está articulada, mina los fundamentos y razón de ser de un proceso de autodeterminación relativo a un conflicto de descolonización. Mientas tanto, Marruecos quiere aparecer como voluntario para “caer en medio de fuegos” lejanos en el Sahel, Oriente Próximo. La estrategia evasiva es evidente. Algunos pueden estar empujando al joven rey hacia esas latitudes a cambio de “promesas”. Sea como fuere, animado por algunos, dentro o fuera, Marruecos continua orbitando lejos de la realidad, del sentido común y de la legalidad internacional. A la larga, no le hacen ningún bien a Marruecos ni a la región. Esa órbita y su corolario en materias de violación de derechos humanos —“motivo de serias preocupaciones” hasta para el Departamento de Estado— y de expolio de riquezas de un pueblo indefenso, no puede sino agravar la tensión, alejar más y más a los saharauis y marroquíes y complicar la misión de Ross.

Bujari Ahmed es representante ante la ONU del Frente Polisario.

BUJARI AHMED - El País - 26/10/2012

El enviado personal del secretario general para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, pasará probablemente por Madrid este 27 de octubre en su recorrido por la región, cuyo propósito es, según el anuncio de la ONU, “intercambiar puntos de vista con actores clave sobre la manera de acelerar el proceso hacia el logro de su objetivo central identificado por sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad, es decir, una solución política mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.



Ross debería haber hecho este viaje en mayo pasado, si no fuera por la curiosa y sorprendente decisión marroquí de poner fin a la cooperación con él. Ross regresa al terreno con la misión de “acelerar el proceso hacia su objetivo último”. Ello requerirá reexaminar, de un lado, las causas que condujeron al impasse actual y, de otro, la consistencia de las diferentes propuestas de solución que existen actualmente sobre la mesa del Consejo de Seguridad.

El proceso actual que dirige en nombre de la ONU no parte en realidad del año 2007, en Manhasset, sino en 1979. En ese año, la Resolución 3437 (1979) de la Asamblea General insta a Marruecos a “poner fin a su ocupación militar del Sáhara Occidental y a negociar con el Frente Polisario, en calidad de legítimo representante del pueblo saharaui, los términos de un alto el fuego y las modalidades de un referéndum de autodeterminación”.

La OUA intentó ir por esta vía y, al chocar en 1983 con la negativa marroquí, toma la decisión de admitir a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como miembro de pleno derecho. Marruecos, enfadado, se retiró de la Organización y el enfado le dura hasta hoy. En 1991, la persistencia de la ONU y de la OUA y el resultado de 16 años de guerra lograron convencer a Marruecos a aceptar la organización de un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui pueda elegir entre la integración con Marruecos o la independencia.

La Minurso desembarca en el territorio para organizar el referéndum en febrero de 1992.

El resto es sabido. Rabat llega a finales de 1998 a la conclusión de que el referéndum conduce inevitablemente a la independencia del Sáhara Occidental y toma la decisión de escamotearlo.

Tras rechazar el Plan Baker, Rabat comunica en abril de 2004 al secretario general de la ONU, Kofi Annan, que se opondrá a todo plan de paz que incluya la opción de la independencia del Sáhara Occidental con el argumento de que la independencia “pone en entredicho la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental”. Kofi Annan responde en su informe de octubre de 2004 que la “opción de la independencia ya había sido aceptada por Marruecos en el Plan de arreglo”. Hace apenas dos semanas, el informe del Departamento de Estado americano al Congreso subrayaba que “Marruecos reivindica la soberanía sobre el Sáhara Occidental, posición que no es aceptada por la comunidad internacional”. El informe va más allá cuando subraya que “Marruecos no es considerado por la ONU la potencia administradora de iure del territorio”. En realidad lo es España, aunque siga evadiendo esta verdad.

En junio de 2007, animado por algunos sectores de la Administración de Bush, el mismo Chirac, Zapatero y, más tarde, Sarkozy, Marruecos presenta al secretario general su famosa propuesta de “autonomía”, que es inmediatamente contrarrestada por la propuesta del Frente Polisario. El Consejo de Seguridad toma nota de las dos sin calificar a ninguna de ellas de “seria o creíble” como lo quiere hacer ver Marruecos. No hay más que leer el texto de la Resolución 1754 (2007). Sobre la base de estos desarrollos, iniciamos el proceso de Manhasset, en junio de 2007.

La “tercera vía” que propuso Rabat es en realidad una solución unilateral destinada a legitimar un “botín de guerra”. Su pecado capital radica en la presunción irrealista de que la comunidad internacional y el Frente Polisario aceptarían de entrada su premisa esencial, es decir, la soberanía marroquí proclamada unilateralmente sobre el Sáhara Occidental.

Para Rabat, la autodeterminación es algo secundario, superfluo, y su función es “confirmar un acuerdo” que ha de versar únicamente sobre la incorporación del territorio a Marruecos, y esta debe ser la única finalidad de la negociación.

La propuesta saharaui difiere de la marroquí en la medida en que deja abierta la posibilidad a todas las opciones reconocidas por la ONU para un problema de descolonización y, por consiguiente, a todas las soluciones, incluidas la independencia y la autonomía o la integración, que es el mismo perro con distinto collar.

Consecuentemente, la negociación, a los ojos del Frente Polisario, debe situar el centro de gravedad en la consulta al pueblo saharaui y su finalidad estriba en remover los obstáculos en el camino del referéndum de autodeterminación.

Esta visión ha sido revalidada por el secretario general de la ONU en su informe de abril de 2011, al enfatizar que “conocer la opinión del pueblo saharaui es el elemento central en la búsqueda de toda solución justa y duradera”.

El punto novedoso que incorpora la propuesta del Frente Polisario es la invitación a Marruecos de ampliar el horizonte de miras y aprovechar el proceso para visualizar los términos recíprocamente ventajosos en los dos supuestos —independencia o autonomía— que entrarían en vigor al día siguiente de los resultados del referéndum. Marruecos continúa dando la espalda a esta invitación.

Han pasado cinco años desde el inicio del proceso de Manhasset y forzoso es constatar que no lleva a ninguna parte por la sencilla razón de que la propuesta marroquí, tal y como está articulada, mina los fundamentos y razón de ser de un proceso de autodeterminación relativo a un conflicto de descolonización. Mientas tanto, Marruecos quiere aparecer como voluntario para “caer en medio de fuegos” lejanos en el Sahel, Oriente Próximo. La estrategia evasiva es evidente. Algunos pueden estar empujando al joven rey hacia esas latitudes a cambio de “promesas”. Sea como fuere, animado por algunos, dentro o fuera, Marruecos continua orbitando lejos de la realidad, del sentido común y de la legalidad internacional. A la larga, no le hacen ningún bien a Marruecos ni a la región. Esa órbita y su corolario en materias de violación de derechos humanos —“motivo de serias preocupaciones” hasta para el Departamento de Estado— y de expolio de riquezas de un pueblo indefenso, no puede sino agravar la tensión, alejar más y más a los saharauis y marroquíes y complicar la misión de Ross.

Bujari Ahmed es representante ante la ONU del Frente Polisario.


Ha sido aplazado, una vez más, el juicio contra los veintitrés detenidos en relación con los sucesos de Gdeim Izik. Una convocatoria, pospuesta como lo ha sido en anteriores ocasiones, y que pretendía responsabilizar, a civiles, ante un tribunal militar a quienes se ha retenido ilegalmente durante dos años en prisión preventiva, y sometido a vejaciones y torturas notorias y recogidas en informas públicos. Los dos Abdulahi, Ahmed, Babeit, Brahim, Cheij, Deich y el resto de sus compañeros no son sino los rehenes en quienes castigar la osadía de intentar llevar cabo una protesta pacífica contra el poder ocupante de su país. Ese es su delito y el que recae de forma permanente sobre todos los y las saharauis siempre bajo sospecha de sedición. Una consecuencia del fracaso silenciado, pero clamoroso, de la proclamada anexión.

Esta suspensión se enmarca en el intento de ocultar la violación permanente de los DD HH. En el Sahara Occidental ocupado militarmente por el ejército marroquí, y ante la próxima visita del día 27 que inicia a los países implicados en el conflicto por parte de Cristopher Ross, enviado especial del secretario de la ONU para el Sáhara Occidental. Una visita que, cabe recordar, fue denegada hace meses por las autoridades marroquíes que, además, le retiraron su confianza sin conseguir otra cosa que la reafirmarle en su mandato por parte del Secretario general de la ONU.

Desde el año 2002, la protesta pública de la población saharaui en base a reivindicaciones sociales y acciones de contenido político se ha hecho más patente con las llamadas intifadas. Una dinámica que ha coincidido con la constitución de asociaciones de defensa de los derechos humanos cuya persistente y continuada actividad  ha conseguido reconocimiento internacional a pesar de no haber obtenido su legalización por parte de las autoridades marroquíes.

Por muchos aplazamientos que haga Marruecos de los “Juicios Militares” a jóvenes saharauis indefensos, no podrá ocultar la injusta situación que vive la población civil saharaui, sometida a todo tipo de torturas, detenciones ilegales y juicios sin ningún tipo de garantías…como han testificado el Relator de las NN UU. Contra la Tortura, y la Fundación R. F. Kennedy, en sus recientes visitas al Sahara Occidental

¿Hasta cuándo los Gobiernos europeos mantendrán una silencio cómplice con esta situación?

¿Hasta cuándo la hipocresía, y anteponer los intereses económicos a los derechos humanos?



Ha sido aplazado, una vez más, el juicio contra los veintitrés detenidos en relación con los sucesos de Gdeim Izik. Una convocatoria, pospuesta como lo ha sido en anteriores ocasiones, y que pretendía responsabilizar, a civiles, ante un tribunal militar a quienes se ha retenido ilegalmente durante dos años en prisión preventiva, y sometido a vejaciones y torturas notorias y recogidas en informas públicos. Los dos Abdulahi, Ahmed, Babeit, Brahim, Cheij, Deich y el resto de sus compañeros no son sino los rehenes en quienes castigar la osadía de intentar llevar cabo una protesta pacífica contra el poder ocupante de su país. Ese es su delito y el que recae de forma permanente sobre todos los y las saharauis siempre bajo sospecha de sedición. Una consecuencia del fracaso silenciado, pero clamoroso, de la proclamada anexión.

Esta suspensión se enmarca en el intento de ocultar la violación permanente de los DD HH. En el Sahara Occidental ocupado militarmente por el ejército marroquí, y ante la próxima visita del día 27 que inicia a los países implicados en el conflicto por parte de Cristopher Ross, enviado especial del secretario de la ONU para el Sáhara Occidental. Una visita que, cabe recordar, fue denegada hace meses por las autoridades marroquíes que, además, le retiraron su confianza sin conseguir otra cosa que la reafirmarle en su mandato por parte del Secretario general de la ONU.

Desde el año 2002, la protesta pública de la población saharaui en base a reivindicaciones sociales y acciones de contenido político se ha hecho más patente con las llamadas intifadas. Una dinámica que ha coincidido con la constitución de asociaciones de defensa de los derechos humanos cuya persistente y continuada actividad  ha conseguido reconocimiento internacional a pesar de no haber obtenido su legalización por parte de las autoridades marroquíes.

Por muchos aplazamientos que haga Marruecos de los “Juicios Militares” a jóvenes saharauis indefensos, no podrá ocultar la injusta situación que vive la población civil saharaui, sometida a todo tipo de torturas, detenciones ilegales y juicios sin ningún tipo de garantías…como han testificado el Relator de las NN UU. Contra la Tortura, y la Fundación R. F. Kennedy, en sus recientes visitas al Sahara Occidental

¿Hasta cuándo los Gobiernos europeos mantendrán una silencio cómplice con esta situación?

¿Hasta cuándo la hipocresía, y anteponer los intereses económicos a los derechos humanos?

sábado, 6 de octubre de 2012

PÚBLICO Madrid 01/10/2012

Poco a poco, pero año tras año y de forma continua. Así se han ido produciendo los reiterados tijeretazos del Gobierno en los fondos de Cooperación y Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). El último, el pasado fin de semana a manos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que redujo un 13,3% el presupuesto del Ministerio de Exteriores y Cooperación. En total, desde 2009, el recorte acumulado asciende a un 73%, lo que supone "el desmantelamiento de una política pública con más de 30 años de existencia".


Así lo ha denunciado hoy la Coordinadora Estatal de ONG para el Desarrollo (Congde), en un comunicado en el que aseguran, también que la cuantía total destinada a este sector, 1.300 millones de euros, equivale a cantidades habituales hace 30 años. Dicho presupuesto "supondrá aproximadamente el 0,12% de la Renta Nacional Bruta, lo que sitúa la AOD a niveles de 1981", detalla la Congde.

"La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) contará con un 29% menos de presupuesto y en sus partidas no está claramente definidido si estarán incluidos los compromisos ya asumidos con las ONGD a través de convocatorias y convenios", continúa la nota de las organizaciones. Además, "desaparecen los fondos destinados a acción humanitaria", una medida "sorprendente" ya que se produce "justo días después de que Rajoy mostrara [en la ONU] su compromiso con la crisis humanitaria en el Sahel", ironiza la coordinadora.

Por todo ello, la presidenta de la Congde, Mercedes Ruíz-Giménez, considera "escandoloso" que los Presupuestos Generales para 2013 "contemplen un recorte más sobre las políticas sociales". "Las consecuencias sobre la vida de millones de personas están siendo profundamente injustas e inhumanas", concluye.


PÚBLICO Madrid 01/10/2012

Poco a poco, pero año tras año y de forma continua. Así se han ido produciendo los reiterados tijeretazos del Gobierno en los fondos de Cooperación y Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). El último, el pasado fin de semana a manos del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que redujo un 13,3% el presupuesto del Ministerio de Exteriores y Cooperación. En total, desde 2009, el recorte acumulado asciende a un 73%, lo que supone "el desmantelamiento de una política pública con más de 30 años de existencia".


Así lo ha denunciado hoy la Coordinadora Estatal de ONG para el Desarrollo (Congde), en un comunicado en el que aseguran, también que la cuantía total destinada a este sector, 1.300 millones de euros, equivale a cantidades habituales hace 30 años. Dicho presupuesto "supondrá aproximadamente el 0,12% de la Renta Nacional Bruta, lo que sitúa la AOD a niveles de 1981", detalla la Congde.

"La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) contará con un 29% menos de presupuesto y en sus partidas no está claramente definidido si estarán incluidos los compromisos ya asumidos con las ONGD a través de convocatorias y convenios", continúa la nota de las organizaciones. Además, "desaparecen los fondos destinados a acción humanitaria", una medida "sorprendente" ya que se produce "justo días después de que Rajoy mostrara [en la ONU] su compromiso con la crisis humanitaria en el Sahel", ironiza la coordinadora.

Por todo ello, la presidenta de la Congde, Mercedes Ruíz-Giménez, considera "escandoloso" que los Presupuestos Generales para 2013 "contemplen un recorte más sobre las políticas sociales". "Las consecuencias sobre la vida de millones de personas están siendo profundamente injustas e inhumanas", concluye.

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