“El Gobierno, en el plazo de dos meses, presentará a la Comisión de Trabajo e Inmigración un informe que recoja la relación de las personas “subsaharianas” –saharauis- que trabajaban en empresas españolas el 26 de Febrero de 1976, momento en el que España se retiró del Sahara Occidental.
Aparte de las personas trabajadoras afectadas este informe incluirá el coste, su fórmula de articulación y plazos.
Este hecho se produce tras la propuesta de UPyD, basada en el abandono de España del Sahara Occidental que supuso, entre otras cosas, la pérdida de derechos de los trabajadores saharauis (entonces con nacionalidad española) que trabajaban en empresas españolas y cotizaban a la Seguridad Social. La actuación española supuso la pérdida de las carreras profesionales de esos trabajadores y la imposibilidad de que los mismos accedan a las prestaciones del sistema de Seguridad Social. El hecho singular de la actuación del régimen español de entonces, ha supuesto una lesión para los trabajadores afectados que solo puede solventarse con otro hecho singular, como es la reforma legal que se mandata al Gobierno para su elaboración.) a la regulación actual, por eso se propone su refundición y actualización.
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