Público - PATRICIA CAMPELO - Madrid - 15/02/2013
Un tribunal militar de Marruecos ha juzgado estos días a 24 civiles saharauis por los enfrentamientos de Gdeim Izik, un campamento de protesta levantado por 20.000 residentes del Sáhara Occidental a las afueras de El Aaiún para reivindicar derechos sociales y económicos. Las sentencias más duras condenan a cadena perpetua a ocho de los procesados. Para cuatro de ellos se han dictado 30 años de cárcel y para otros cuatro saharauis, 25 años.
Tras nueve días de juicio y siete horas de deliberaciones, el tribunal castrense determinó que los delitos probados fueron "violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, premeditación y mutilación de cadáveres, en grado de autoría o de complicidad".
Los observadores internacionales que han presenciado el juicio coinciden en la escasa solidez de las pruebas presentadas por la defensa, y han criticado las sentencias alegando que se trata de un juicio político en contra de la resistencia saharaui ante la ocupación del Sáhara. "Marruecos ha vulnerado el derecho internacional escenificando un juicio militar con declaraciones arrancadas bajo tortura, con pruebas inconsistentes y fácilmente manipulables que, a juicio de numerosos observadores internacionales, se desarrolló vulnerando los derechos a una defensa justa", ha criticado Izquierda Unida.
"Es al régimen de Mohamed VI al que la comunidad internacional debería sentar en el banquillo por ocupar violentamente el territorio no autónomo del Sahara Occidental y apropiarse de sus recursos naturales, poniendo en riesgo la identidad nacional del pueblo saharaui e impidiendo por la fuerza su derecho a la autodeterminación", ha subrayado el eurodiputado de IU Willy Meyer, quien asistió al juicio como observador internacional.
La coordinadora de asociaciones de ayuda al pueblo sahararui, CEAS Sáhara, también ha desaprobado las sentencias: "Constituyen un gravísimo atentado a la razón cometido por un estado despótico que reclama para sí la apariencia de un sistema judicial y de un aparato legal próximos a la legitimidad democrática". "Es vergonzoso que los mismos militares que invadieron el Sahara Occidental hace 38 años condenen, sin ningún tipo de pruebas, a los jóvenes saharauis que pacíficamente luchan por la libertad de su pueblo".
El 8 de noviembre de 2010, fuerzas de seguridad marroquís desmantelaron el campamento Gdeim Izik de forma violenta, provocando cientos de heridos y las muertes de tres saharauis. Durante el asalto murieron también once policías de Marruecos, un hecho que se atribuyó a la mitad de los 24 detenidos. Sin embargo, las muertes violentas de los tres saharauis no han formado parte de la investigación marroquí.
Los procesados fueron arrestados durante los días y semanas posteriores al derribo de Gdeim Izik excepto uno de ellos, que fue detenido un día antes y se le imputó la autoría intelectual del levantamiento del campamento. "Le acusaron de haber retenido a los 20.000 saharauis que participaron allí", ha señalado Luis Mangrané, abogado del Observatorio Aragonés para el Sáhara, que acudió a Rabat como observador internacional la semana pasada.
No se hallaron huellas datilares de los acusados en la pruebas materiales
Al igual que Mangrané, juristas de diferentes países y organizaciones como el Consejo General de la Abogacía española, así como miembros de asociaciones marroquíes de derechos humanos, han observado cada día las sesiones del juicio.
Mangrané acudió el primer día de la vista oral en Rabat. Durante esa jornada, la acusación aportó "un cajón de hierro con bengalas, machetes y cuchillos". "En otra caja había teléfonos y tarjetas de identidad; eran las pruebas físicas con las que supuestamente habían matado a los agentes", detalla.
"Desde el punto de vista del derecho internacional, se trata de un juicio nulo porque les está procesando la potencia ocupante [Marruecos]; no nos merece credibilidad", añade Mangrané, quien también destaca el hecho de que el fiscal se dirigiera constantemente al público en lugar de al tribunal, un detalle anómalo. "Parecía un juicio de cara a la galería".
Los observadores internaciones han coincidido en la falta de garantías procesales y en la vulneración del derecho internacional y de la propia legislación de Marruecos.
Una de las transgresiones de la normativa tiene que ver con el tiempo que los detenidos llevan en prisión preventiva: más de dos años desde sus detenciones, cuando la ley marroquí establece un máximo de doce meses. Además, la propia Constitución del reino alauita prohíbe los tribunales especiales, pero en este caso los 24 activistas se enfrentan a una corte militar.
El juicio comenzó el pasado 1 de febrero después de dos aplazamientos sin justificar, y la vista oral el viernes 8. En la sesión del pasado miércoles, los abogados defensores denunciaron la ausencia de pruebas incriminatorias. Según los letrados, la acusación sólo ha podido aportar las confesiones de algunos de los detenidos, unos testimonios puestos en duda por la sospecha de haber sido obtenidos mediante torturas.
La defensa solicitó pruebas médicas para demostrar dichas torturas, unos episodios que los procesados corroboran a la vez que insisten en la falsedad de sus declaraciones, las cuales se obtuvieron, dicen, mediante graves vejaciones y humillaciones.
"La declaración de uno de los acusados está firmada con su huella dactilar, pero se trata de una persona con estudios avanzados", indica Mangrané. Los acusados también insistieron en que su detención y enjuiciamiento obedece a razones políticas, por su activismo en la defensa de los derechos humanos y de la autodeterminación del pueblo saharaui.
Asimismo negaron su responsabilidad en los hechos que se les imputaron: "Pertenencia a banda armada; utilizar la violencia contra la fuerza pública de Marruecos, ocasionar la muerte a los agentes marroquís, atentar contra la seguridad interior y, a dos de los detenidos, profanar el cadáver de un policía". Respecto a esta última acusación, el procurador [fiscal] que ejerce las acusaciones presentó como prueba unas fotografías de extrema dureza en las que no se pudo identificar a ninguno de los inculpados. Además, los testigos presentados por la defensa aseguraron que varios de los acusados ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos. Cuando este punto quedó aclarado, la acusación retiró de la sala a sus propios testigos, según confirmaron fuentes de Rabat a Público.
Tampoco se hallaron huellas dactilares de los saharauis en las supuestas pruebas materiales -hachas, cuchillos y machetes-, según estas mismas fuentes.
Izquierda Unida ha avanzado en un comunicado que realizará iniciativas en todos los ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos y Parlamento Europeo para exigir la inmediata liberación de los 24 saharauis condenados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario