martes, 26 de febrero de 2013

CARTA ABIERTA A UN GOBIERNO CIEGO DE SAHARA



El pasado sábado 17 de febrero fue un día más para volver a sentir vergüenza de la absoluta totalidad de gobiernos democráticos que ha tenido España. Fue uno de esos días en los que uno siente cómo se le remueven las entrañas con solo recordar las palabras huecas de nuestros dirigentes cuando defienden la democracia, cuando hablan de la defensa de unos Derechos Humanos que ni practican, ni buscan y mucho menos defienden. 

El sábado Marruecos sentenció de manera injusta a 24 saharauis, condenando a ocho de ellos a cadena perpetua, por el simple hecho de haberse manifestado pacíficamente a finales de 2010 montando el campamento de Gdeim Izik. Fue un juicio ilegal, repleto de irregularidades según el cien por cien de los observadores internacionales que acudieron al proceso. Un juicio militar para 24 civiles que se ha demorado más de dos años, dejando que esos saharauis se pudrieran en una cárcel inmunda marroquí sin que se hubiera probado su culpabilidad, después haber sido torturados. Ni siquiera ahora, con su vida arruinada, se ha demostrado nada, salvo la carta blanca que tiene Marruecos para violar sistemáticamente el Derecho Internacional.

El sábado, fue uno de esos días en los que el Gobierno de España y, por supuesto, Juan Carlos I, no sólo volvieron a eludir su responsabilidad histórica sino que, además, se convirtieron en cómplices de una dictadura como la de Mohamed VI, de un régimen que tortura, mata y condena injustamente a presos políticos que son, para mayor deshonra nacional, antiguos ciudadanos de España. Ante un proceso como el que concluyó el pasado fin de semana en Marruecos, no sólo España, sino el grotesco premio Nobel de la Paz de la Unión Europea deberían protestar enérgicamente, porque si con la última Constitución marroquí todos ellos aplaudieron “los avances democráticos del país”, el veredicto de Rabat es un retroceso a los tiempos más oscuros de Hassan II. 

Si en cualquier país europeo se desarrollara un juicio como el de Marruecos, sería un auténtico escándalo, sólo superado si el escenario fuera Venezuela, Cuba o Ecuador. Entonces, el ministerio de Exteriores emitiría una nota de condena y los que hoy funden sus ideologías dispares en un vergonzante crisol de ruindad, desde el propio José Manuel García-Margallo a su antecesora Trinidad Jiménez, pasando por Aznar, Rajoy, González, Rodríguez Zapatero o Rubalcaba, lamentarían la falta de libertad. 

Con Marruecos no porque este Gobierno, como todos los previos, está ciego de Sahara y, de hecho, salvo que una hernia lo impida, del 3 al 5 de marzo el rey viajará al encuentro de Mohamed VI con una delegación de empresarios españoles, para volver a mirar hacia otro lado, con una mano ocultando las sangrantes violaciones de Derechos Humanos bajo la chilaba mientras se tiende la otra para recibir un puñado de dírhams, o un puñado de peces y fosfatos del Sahara. Eso tiene un nombre y no es ni excelencia ni competitividad.

Un día después de la ignominiosa sentencia marroquí, Hijos de las nubes se alzó con el Premio Goya a la Mejor Película Documental. Un premio para el pueblo saharaui, para toda la gente, que es mucha, que ha he hecho posible ese documental, desde los mismos productores a todas las personas que han luchado por esa realidad —la lista es interminable, sin olvidar a la gran familia del FiSahara— y, por supuesto, a quienes llevan 38 años olvidados en el desierto del Sahara. Ese Premio Goya ha sido una nueva bofetada de realidad para el Gobierno español, para una cartera como la de García-Margallo, convertida en una mera oficina comercial carente de dignidad y honestidad si pasa por alto el trágico destino de esos 24 saharauis.

El pasado sábado 17 de febrero, comenzaba esta carta, fue un día para sentir vergüenza de nuestro monarca, de nuestro Gobierno y de esta doble moral que tolera juicios como el concluido en Rabat. Fue un día para constatar la prostitución política de nuestro país, de toda Europa, de la Comunidad Internacional en pleno. Fue un día en el que todos los que nos gobiernan -y han gobernado-, nuestro mismísimo Jefe de Estado que un día prometió lealtad al pueblo saharaui, perdieron con su silencio toda legitimidad para llamarse demócratas. Ahora, la cruel dictadura marroquí de Mohamed VI les brinda una nueva oportunidad de no aparecer ante la opinión pública, ante el pueblo español, como mercenarios sin escrúpulos, cuyo destino quizás, termine en el mismo callejón sin salida al que conduce esta moral esquelética. No desaprovechen la ocasión porque, de dar ahí con sus huesos, no serán los españoles de bien quienes acudan a su rescate.

Firmado : David Bollero, Javier Bardem, Eduardo Galeano, Rosa Maria Sarda, Juan Diego Botto, Javier Reverte, Alberto San Juan, Rosa Montero, Alfons Cervera, Almudena Grandes, Luis García Montero Carlos Berzosa, Rosa Regás, Manuel Rivas, Joaquín Sabina, Silvia Munt......y 20 firmas mas


lunes, 25 de febrero de 2013

Jornadas de cultura saharaui


Pulsa sobre la imagen para obtener más información.

Con motivo de la celebración del aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, celebraremos unas jornadas en la plaza de Trascorrales, en Oviedo, los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, en las que podremos debatir sobre la situación actual en el Sáhara Occidental, el proceso ilegal escenificado en el Tribunal militar de Rabat contra 24 activistas saharauis y acercarnos a la cultura saharaui, a través de lectura de poemas y los encuentros que tendrán lugar en la Jaima ubicada en dicha plaza.


viernes, 22 de febrero de 2013

Un centenar de personas se manifiestan ante Exteriores contra las condenas a 23 saharauis por Gdeim Izik

Europa Press


Un centenar de personas se han manifestado este jueves frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para protestar contra las condenas a penas de prisión impuestas por un tribunal militar marroquí a 23 saharauis por los disturbios registrados en el desmantelamiento en 2010 del  campamento de protesta de Gdeim Izik, el conocido como Campamento de la Libertad.



Los manifestantes han coreado lemas como "Marruecos asesina, España patrocina", "Rajoy atiende, el Sáhara no se vende", "Marruecos culpable, España responsable", "No estamos todos, faltan los presos" y "Viva la lucha del pueblo saharaui" y han exhibido banderas saharauis y pancartas con las fotografías de cada uno de los 23 presos que han sido condenados por un tribunal castrense marroquí a penas que van de los 20 a los 30 años de prisión.

El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Exteriores del Congreso, Joan Josep Nuet, ha asegurado que su formación no reconoce la condena a los 23 saharauis, debido a que han tenido "un juicio político" por el mero hecho de que "defienden al pueblo saharaui". "Se ha perpetrado una farsa, una condena que lo que quiere es condenar a todo un pueblo y a sus ansias de libertad", ha afirmado.

Nuet ha denunciado que los 23 saharauis están siendo "castigados" y "torturados" en prisión en Marruecos y "les están haciendo pagar el alegato que ellos han hecho en el juicio en defensa de su pueblo porque no se han plegado al tribunal ni lo han reconocido". El diputado de IU ha afirmado que los propios presos saharauis les han transmitido que están en la cárcel "bajo un régimen muy duro" y que están recibiendo "ataques".

"La comunidad internacional tiene que reaccionar", ha subrayado, antes de exigir al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que "condenen" las sentencias a los saharauis y "presionen" a Marruecos para que "los liberen" y que no acepten "este engaño". "Lo que pedimos al Partido Popular es que luche por los Derechos Humanos y no abandone al pueblo saharaui. Le exigimos una posición clara en este tema", ha explicado.

Nuet ha mostrado su preocupación por la situación en la que quedan estos 23 saharauis en una prisión en la que Marruecos quiere recordarles que son sus "súbditos". "Ha sido un juicio político y lo que hay es un atentado grave a los Derechos Humanos", ha apostillado.

Por su parte, el eurodiputado de IU Willy Meyer ha anunciado que una delegación de europarlamentarios visitará "en los próximos días" El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, para entrevistarse con las personas que están siendo "permanentemente objeto de maltratos", al tiempo que ha dejado claro que Marruecos "no tiene jurisdicción" para hacer un juicio militar "amañado" sobre este territorio que no le pertenece.

Meyer ha hecho hincapié en que el juicio militar contra los 23 saharauis ha sido "un teatro de Mohamed VI para intentar dar un escarmiento a la rebelión del Sáhara Occidental". "Vamos a pedir y a exigir a todas las instituciones europeas que pidan la libertad inmediata de los 23 que han sido juzgados e intentar romper el silencio informativo sobre el Sáhara Occidental", ha dicho.

Meyer ha insistido en que los 23 condenados sólo han hecho "lo que debían": "defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui" y ha reclamado al Gobierno español que "administre el proceso de descolonización" como le corresponde por "mandato del derecho internacional", que "tutele al pueblo saharaui" y "permita que se haga el referéndum de autodeterminación". "Es lo único que pedimos que cumpla con su obligación", ha concluido.

Denuncian que los saharauis condenados en Rabat sufrieron torturas y vejaciones


El Mundo - Eduardo del Campo - 19/02/2013

Al recoger su premio como productor del mejor documental, 'Hijos de las nubes', sobre los refugiados del Sáhara Occidental, el actor Javier Bardem aprovechó la gala de los Goya de este domingo para denunciar las condenas impuestas el pasado viernes por la justicia militar marroquí a 25 saharauis. Entre ellos, nueve a cadena perpetua por la muerte de once uniformados de Marruecos en el desmantelamiento, en noviembre de 2010, del campamento de protesta de Gdeim Izik, en El Aaiún. Tras el aldabonazo de su discurso, esta mañana en Sevilla uno de los 40 observadores internacionales que han asistido al juicio en el tribunal militar de Rabat, el abogado español Francisco Serrano Ramírez (no el juez), ha entrado en los detalles sobre la "ilegalidad" del proceso. Y son detalles espeluznantes.



"Los han condenado sin pruebas contundentes. El Procurador del Rey, el fiscal, se ha basado en declaraciones que los detenidos realizaron en sede policial bajo torturas. Han contado que les pegaron con palos, los desnudaron, les vendaron los ojos, les arrancaron uñas con tenazas, les hicieron descargas eléctricas en las uñas, les arrancaron los pelos del pecho. Les violaron, con dedos, barras de madera, barras de hierro. Amenazaron a con violar a sus mujeres delante de ellos. Los presos nos han contado a través de sus familiares que cuando los llevaban en avión detenidos de El Aaiún a Rabat, días después de su detención, de noche y con los ojos vendados, les amenazaron con tirarlos del avión. Se tomaron muy en serio esa amenaza. Porque ya han tirado a presos saharauis de aviones marroquíes en el pasado".

Todo esto ha relatado Serrano Ramírez, presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara (Ajasáhara), que ha participado como observador en el juicio de Rabat avalado por el Consejo General de la Abogacía Española. Al proceso ha asistido una docena de observadores españoles, la mayoría abogados, ha explicado en la sede de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Se trata, ha dicho, de la primera rueda de prensa de los observadores españoles sobre el juicio a los activistas saharauis por los disturbios de Gdeim Izik.

El observador ha razonado que el juicio debería ser declarado "nulo de pleno derecho" e "inconstitucional" porque "el artículo 127 de la nueva Constitución de Marruecos de 2011 prohíbe los tribunales de excepción" y éste, dice, lo ha sido: un tribunal militar para juzgar a civiles y cuya sentencia es inapelable.

El abogado ha subrayado la "incompetencia territorial" del tribunal militar de Rabat para juzgar en la capital marroquí hechos ocurridos en la antigua colonia española del Sáhara Occidental, ocupada y administrada por Marruecos sin reconocimiento internacional. Añade que hay "motivos para recusar" al tribunal militar porque "es juez y parte" en el proceso, ya que se juzgaba la muerte, precisamente, de militares durante el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik. "Hace 38 años, el Sáhara fue invadido por militares y ellos juzgan ahora a civiles saharauis; ése es otro motivo para la recusación", ha insistido.

Como pruebas de la falta de garantías legales del proceso contra los 25 acusados (23 de ellos llevaban más de dos años presos, uno estaba en libertad condicional y el último permanece fugado), el presidente de Juristas por el Sáhara ha contado que en el juicio un hombre que denunciaba que había sido torturado en El Aaiún y que había estado dos meses sangrando por el ano por una violación con barras de hierro pidió al tribunal que se le hiciera un examen médico para constatar sus heridas en el ano, y los jueces "lo rechazaron".

El abogado dice que se les ha condenado sin que las imágenes exhibidas los identificaran sin dudas, exhibiendo como supuestas pruebas de que iban armados con cuchillos y espadas que "habían estado sin custodia judicial", que declararon cuando estaban detenidos sin asistencia de abogados ni médicos, y que en la vista no se aportaron pruebas de las autopsias ni registros de la morgue sobre los once miembros de los cuerpos de seguridad marroquíes de cuyas muertes se les acusaba. Entre los condenados está "un hombre muy mayor que se quedaba dormido en el juicio y al que acusaban de haber matado a cinco o seis". "En cualquier país, esta falta de pruebas sería suficiente para absolverlos", ha afirmado.

"Un abogado marroquí de derechos humanos le dijo al juez que la historia lo condenaría por condenar a inocentes sin pruebas", denuncia. Les acusaban de separatismo, de "secuestrar a los 20.000 manifestantes del campamento", de formar una banda criminal y, a algunos de ellos, de asesinato. Sostiene que la sentencia estaba "escrita de antemano", poniendo como ejemplo de ello que uno de los acusados, Enaama Asfari, condenado a 30 años de cárcel, ni siquiera participó en los sangrientos enfrentamientos del día en que el Ejército y la Gendarmería entraron en el campamento para desmantelarlo, porque estaba detenido desde la víspera.

Otro acusado estaba ingresado por un accidente en el hospital militar de El Aaiún y aún así lo han condenado por situarlo en el lugar del conflicto. Los condenados están ahora en la prisión civil de Salé, ciudad vecina de Rabat. La lista la forman Abdalahi Bai, Abdeljalil Lemghaimad, Abdalahe Iekhfaouni, Brahim Lismaili y otros 18 hombres. Son nueve condenados a cadena perpetua, cuatro a 30 años, siete a 25 años, cuatro a 20 años. Uno con una pena menor de 27 meses y un fugado son los únicos en libertad de los 25 procesados, ha detallado Serrano Ramírez.

Tanto el observador internacional como el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla, Fernando Peraita, han denunciado que el juicio ha sido "una burla al derecho internacional" y han reprochado a la comunidad internacional, en especial a la ONU y al gobierno español, su "silencio cómplice" con Marruecos. Reclaman que el juicio se anule y que los presos sean liberados. Una reivindicación que es imposible de cumplir en Marruecos, han reconocido, porque la sentencia militar es inapelable y sólo el rey Mohamed VI puede cambiar su destino mediante un indulto real. Lo que sí se puede hacer, han dicho, es que la comunidad internacional, empezando por España, "actúe de una vez y presione a Marruecos para que respete los derechos humanos".

Hasta ahora, denuncia Peraita, tanto el gobierno español del PP como el anterior del PSOE "hacen oídos sordos a las agresiones contra los saharauis". "No sabemos cómo la ONU y España permiten juicios como éste que son una farsa" y "una burla al derecho internacional, sin decir nada", ha remachado, tras indicar que grandes ONG de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Fundación Kennedy han denunciado la falta de garantías del juicio.

Fernando Peraita ha recordado que ayer y hoy El Aaiún, la capital del Sáhara ocupado por Marruecos, está viviendo manifestaciones saharauis por la condena del viernes y que agentes marroquíes las están reprimiendo. "El Aaiún está tomado por los militares, y la ONU sigue consintiendo la represión", dice Peraita. Una situación que el vicepresidente de la asociación pro saharaui, Miguel Castro, ha advertido que puede ser "un giro de tuerca" para que aumente la violencia del conflicto por parte de saharauis desesperados "que no ven otra salida". "Marruecos", ha dicho Castro, "se quiere presentar como víctima en vez de lo que es: verdugo".

domingo, 17 de febrero de 2013

Marruecos condena a cadena perpetua a ocho activistas saharauis de 'Gdeim Izik'


Público - PATRICIA CAMPELO - Madrid - 15/02/2013

Un tribunal militar de Marruecos ha juzgado estos días a 24 civiles saharauis por los enfrentamientos de Gdeim Izik, un campamento de protesta levantado por 20.000 residentes del Sáhara Occidental a las afueras de El Aaiún para reivindicar derechos sociales y económicos. Las sentencias más duras condenan a cadena perpetua a ocho de los procesados. Para cuatro de ellos se han dictado 30 años de cárcel y para otros cuatro saharauis, 25 años.

Tras nueve días de juicio y siete horas de deliberaciones, el tribunal castrense determinó que los delitos probados fueron "violencia contra las fuerzas del orden con resultado de muerte, premeditación y mutilación de cadáveres, en grado de autoría o de complicidad".

Los observadores internacionales que han presenciado el juicio coinciden en la escasa solidez de las pruebas presentadas por la defensa, y han criticado las sentencias alegando que se trata de un juicio político en contra de la resistencia saharaui ante la ocupación del Sáhara. "Marruecos ha vulnerado el derecho internacional escenificando un juicio militar con declaraciones arrancadas bajo tortura, con pruebas inconsistentes y fácilmente manipulables que, a juicio de numerosos observadores internacionales, se desarrolló vulnerando los derechos a una defensa justa", ha criticado Izquierda Unida.

"Es al régimen de Mohamed VI al que la comunidad internacional debería sentar en el banquillo por ocupar violentamente el territorio no autónomo del Sahara Occidental y apropiarse de sus recursos naturales, poniendo en riesgo la identidad nacional del pueblo saharaui e impidiendo por la fuerza su derecho a la autodeterminación", ha subrayado el eurodiputado de IU Willy Meyer, quien asistió al juicio como observador internacional.

La coordinadora de asociaciones de ayuda al pueblo sahararui, CEAS Sáhara, también ha desaprobado las sentencias: "Constituyen un gravísimo atentado a la razón cometido por un estado despótico que reclama para sí la apariencia de un sistema judicial y de un aparato legal próximos a la legitimidad democrática". "Es vergonzoso que los mismos militares que invadieron el Sahara Occidental hace 38 años condenen, sin ningún tipo de pruebas, a los jóvenes saharauis que pacíficamente luchan por la libertad de su pueblo".

El 8 de noviembre de 2010, fuerzas de seguridad marroquís desmantelaron el campamento Gdeim Izik de forma violenta, provocando cientos de heridos y las muertes de tres saharauis. Durante el asalto murieron también once policías de Marruecos, un hecho que se atribuyó a la mitad de los 24 detenidos. Sin embargo, las muertes violentas de los tres saharauis no han formado parte de la investigación marroquí.

Los procesados fueron arrestados durante los días y semanas posteriores al derribo de Gdeim Izik excepto uno de ellos, que fue detenido un día antes y se le imputó la autoría intelectual del levantamiento del campamento. "Le acusaron de haber retenido a los 20.000 saharauis que participaron allí", ha señalado Luis Mangrané, abogado del Observatorio Aragonés para el Sáhara, que acudió a Rabat como observador internacional la semana pasada.

No se hallaron huellas datilares de los acusados en la pruebas materiales 
Al igual que Mangrané, juristas de diferentes países y organizaciones como el Consejo General de la Abogacía española, así como miembros de asociaciones marroquíes de derechos humanos, han observado cada día las sesiones del juicio.

Mangrané acudió el primer día de la vista oral en Rabat. Durante esa jornada, la acusación aportó "un cajón de hierro con bengalas, machetes y cuchillos". "En otra caja había teléfonos y tarjetas de identidad; eran las pruebas físicas con las que supuestamente habían matado a los agentes", detalla.

"Desde el punto de vista del derecho internacional, se trata de un juicio nulo porque les está procesando la potencia ocupante [Marruecos]; no nos merece credibilidad", añade Mangrané, quien también destaca el hecho de que el fiscal se dirigiera constantemente al público en lugar de al tribunal, un detalle anómalo. "Parecía un juicio de cara a la galería".

Los observadores internaciones han coincidido en la falta de garantías procesales y en la vulneración del derecho internacional y de la propia legislación de Marruecos.

Una de las transgresiones de la normativa tiene que ver con el tiempo que los detenidos llevan en prisión preventiva: más de dos años desde sus detenciones, cuando la ley marroquí establece un máximo de doce meses. Además, la propia Constitución del reino alauita prohíbe los tribunales especiales, pero en este caso los 24 activistas se enfrentan a una corte militar.

El juicio comenzó el pasado 1 de febrero después de dos aplazamientos sin justificar, y la vista oral el viernes 8. En la sesión del pasado miércoles, los abogados defensores denunciaron la ausencia de pruebas incriminatorias. Según los letrados, la acusación sólo ha podido aportar las confesiones de algunos de los detenidos, unos testimonios puestos en duda por la sospecha de haber sido obtenidos mediante torturas.

La defensa solicitó pruebas médicas para demostrar dichas torturas, unos episodios que los procesados corroboran a la vez que insisten en la falsedad de sus declaraciones, las cuales se obtuvieron, dicen, mediante graves vejaciones y humillaciones.

"La declaración de uno de los acusados está firmada con su huella dactilar, pero se trata de una persona con estudios avanzados", indica Mangrané. Los acusados también insistieron en que su detención y enjuiciamiento obedece a razones políticas, por su activismo en la defensa de los derechos humanos y de la autodeterminación del pueblo saharaui.

Asimismo negaron su responsabilidad en los hechos que se les imputaron: "Pertenencia a banda armada; utilizar la violencia contra la fuerza pública de Marruecos, ocasionar la muerte a los agentes marroquís, atentar contra la seguridad interior y, a dos de los detenidos, profanar el cadáver de un policía". Respecto a esta última acusación, el procurador [fiscal] que ejerce las acusaciones presentó como prueba unas fotografías de extrema dureza en las que no se pudo identificar a ninguno de los inculpados. Además, los testigos presentados por la defensa aseguraron que varios de los acusados ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos. Cuando este punto quedó aclarado, la acusación retiró de la sala a sus propios testigos, según confirmaron fuentes de Rabat a Público.

Tampoco se hallaron huellas dactilares de los saharauis en las supuestas pruebas materiales -hachas, cuchillos y machetes-, según estas mismas fuentes.

Izquierda Unida ha avanzado en un comunicado que realizará iniciativas en todos los ayuntamientos, diputaciones, parlamentos autonómicos y Parlamento Europeo para exigir la inmediata liberación de los 24 saharauis condenados.

IGNOMINIOSA SENTENCIA A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL SAHARA OCCIDENTAL


Ante la injusta e ignominiosa sentencia del Juicio a los 24 defensores de los Derechos Humanos de Gdeim Izik, campamento de la dignidad, declaramos que,  constituye un gravísimo atentado a la razón y a las normas más elementales de la equidad y la justicia cometido por un estado despótico que reclama para sí la apariencia de un sistema judicial y de un aparato legal próximos a la legitimidad democrática, CEAS-Sáhara se permite reclamar la atención de la opinión pública internacional hacia el carácter estrictamente político y militar de un proceso que se ha querido presentar como un ejercicio legítimo y equitativo de la acción de la justicia.

Tanto la naturaleza del hecho inicial del que derivan los sucesos encausados, la formación de un campamento de protesta pacífica de la sociedad saharaui frente a los poderes ocupantes marroquíes destruido violentamente por estos, como la aplicación de un sistema legal propio del reino alauita a la población de un territorio no autónomo pendiente de descolonización, según la doctrina de las Naciones Unidas, o el sometimiento de una población civil a una jurisdicción estrictamente militar con la disculpa de la comisión de actos de terrorismo evidencian que Marruecos se esfuerza por ignorar los mandatos internacionales y pasa por alto razones más que suficientes para deslegitimar el papel que pretende adoptar en el Sáhara Occidental al que considera de forma caprichosa y  unilateral, más allá de todo derecho o acuerdo, parte de su propio estado.

Todavía perplejos ante el silencio ominoso con que este proceso ha sido seguido por los medios de comunicación españoles, de la potencia que es aún por derecho administradora de este territorio sin descolonizar, exigimos del Estado español, del Gobierno, del Parlamento y de las instancias judiciales, que se opongan rotunda y enérgicamente a la desproporcionada condena, se manifiesten totalmente opuestos a tolerar que su revisión sea utilizada como moneda de cambio en función de intereses espurios del reino alauí y soliciten, de forma inequívoca y rotunda, la liberación de todos los presos políticos y de opinión como parte imprescindible para la resolución del contencioso que enfrenta al pueblo saharaui contra la monarquía marroquí.

Es vergonzoso que, los mismos militares que invadieron el Sahara Occidental hace 37 años quieren  condenar, sin ningún tipo de pruebas, a los jóvenes saharauis que pacíficamente luchan por la libertad de su pueblo.

CEAS-SAHARA

sábado, 2 de febrero de 2013

SUSPENSIÓN VUELO SEMANA SANTA


Ante el escenario de inestabilidad que se está produciendo en el norte de Mali y territorios limítrofes, las autoridades saharauis han decidido suspender con carácter preventivo y temporal la autorización de visitas a los campamentos de refugiados/as de Tinduf. 

Por lo anteriormente expuesto, el vuelo solidario que la Asociación Asturiana de Amigos del Pueblo Saharaui tenía previsto programar entre los días 23 a 31 de marzo, coincidiendo con las fechas de Semana Santa, queda suspendido.