El Mundo - Eduardo del Campo - 19/02/2013
Al recoger su premio como productor del mejor documental, 'Hijos de las nubes', sobre los refugiados del Sáhara Occidental, el actor Javier Bardem aprovechó la gala de los Goya de este domingo para denunciar las condenas impuestas el pasado viernes por la justicia militar marroquí a 25 saharauis. Entre ellos, nueve a cadena perpetua por la muerte de once uniformados de Marruecos en el desmantelamiento, en noviembre de 2010, del campamento de protesta de Gdeim Izik, en El Aaiún. Tras el aldabonazo de su discurso, esta mañana en Sevilla uno de los 40 observadores internacionales que han asistido al juicio en el tribunal militar de Rabat, el abogado español Francisco Serrano Ramírez (no el juez), ha entrado en los detalles sobre la "ilegalidad" del proceso. Y son detalles espeluznantes.
"Los han condenado sin pruebas contundentes. El Procurador del Rey, el fiscal, se ha basado en declaraciones que los detenidos realizaron en sede policial bajo torturas. Han contado que les pegaron con palos, los desnudaron, les vendaron los ojos, les arrancaron uñas con tenazas, les hicieron descargas eléctricas en las uñas, les arrancaron los pelos del pecho. Les violaron, con dedos, barras de madera, barras de hierro. Amenazaron a con violar a sus mujeres delante de ellos. Los presos nos han contado a través de sus familiares que cuando los llevaban en avión detenidos de El Aaiún a Rabat, días después de su detención, de noche y con los ojos vendados, les amenazaron con tirarlos del avión. Se tomaron muy en serio esa amenaza. Porque ya han tirado a presos saharauis de aviones marroquíes en el pasado".
Todo esto ha relatado Serrano Ramírez, presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara (Ajasáhara), que ha participado como observador en el juicio de Rabat avalado por el Consejo General de la Abogacía Española. Al proceso ha asistido una docena de observadores españoles, la mayoría abogados, ha explicado en la sede de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Se trata, ha dicho, de la primera rueda de prensa de los observadores españoles sobre el juicio a los activistas saharauis por los disturbios de Gdeim Izik.
El observador ha razonado que el juicio debería ser declarado "nulo de pleno derecho" e "inconstitucional" porque "el artículo 127 de la nueva Constitución de Marruecos de 2011 prohíbe los tribunales de excepción" y éste, dice, lo ha sido: un tribunal militar para juzgar a civiles y cuya sentencia es inapelable.
El abogado ha subrayado la "incompetencia territorial" del tribunal militar de Rabat para juzgar en la capital marroquí hechos ocurridos en la antigua colonia española del Sáhara Occidental, ocupada y administrada por Marruecos sin reconocimiento internacional. Añade que hay "motivos para recusar" al tribunal militar porque "es juez y parte" en el proceso, ya que se juzgaba la muerte, precisamente, de militares durante el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik. "Hace 38 años, el Sáhara fue invadido por militares y ellos juzgan ahora a civiles saharauis; ése es otro motivo para la recusación", ha insistido.
Como pruebas de la falta de garantías legales del proceso contra los 25 acusados (23 de ellos llevaban más de dos años presos, uno estaba en libertad condicional y el último permanece fugado), el presidente de Juristas por el Sáhara ha contado que en el juicio un hombre que denunciaba que había sido torturado en El Aaiún y que había estado dos meses sangrando por el ano por una violación con barras de hierro pidió al tribunal que se le hiciera un examen médico para constatar sus heridas en el ano, y los jueces "lo rechazaron".
El abogado dice que se les ha condenado sin que las imágenes exhibidas los identificaran sin dudas, exhibiendo como supuestas pruebas de que iban armados con cuchillos y espadas que "habían estado sin custodia judicial", que declararon cuando estaban detenidos sin asistencia de abogados ni médicos, y que en la vista no se aportaron pruebas de las autopsias ni registros de la morgue sobre los once miembros de los cuerpos de seguridad marroquíes de cuyas muertes se les acusaba. Entre los condenados está "un hombre muy mayor que se quedaba dormido en el juicio y al que acusaban de haber matado a cinco o seis". "En cualquier país, esta falta de pruebas sería suficiente para absolverlos", ha afirmado.
"Un abogado marroquí de derechos humanos le dijo al juez que la historia lo condenaría por condenar a inocentes sin pruebas", denuncia. Les acusaban de separatismo, de "secuestrar a los 20.000 manifestantes del campamento", de formar una banda criminal y, a algunos de ellos, de asesinato. Sostiene que la sentencia estaba "escrita de antemano", poniendo como ejemplo de ello que uno de los acusados, Enaama Asfari, condenado a 30 años de cárcel, ni siquiera participó en los sangrientos enfrentamientos del día en que el Ejército y la Gendarmería entraron en el campamento para desmantelarlo, porque estaba detenido desde la víspera.
Otro acusado estaba ingresado por un accidente en el hospital militar de El Aaiún y aún así lo han condenado por situarlo en el lugar del conflicto. Los condenados están ahora en la prisión civil de Salé, ciudad vecina de Rabat. La lista la forman Abdalahi Bai, Abdeljalil Lemghaimad, Abdalahe Iekhfaouni, Brahim Lismaili y otros 18 hombres. Son nueve condenados a cadena perpetua, cuatro a 30 años, siete a 25 años, cuatro a 20 años. Uno con una pena menor de 27 meses y un fugado son los únicos en libertad de los 25 procesados, ha detallado Serrano Ramírez.
Tanto el observador internacional como el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla, Fernando Peraita, han denunciado que el juicio ha sido "una burla al derecho internacional" y han reprochado a la comunidad internacional, en especial a la ONU y al gobierno español, su "silencio cómplice" con Marruecos. Reclaman que el juicio se anule y que los presos sean liberados. Una reivindicación que es imposible de cumplir en Marruecos, han reconocido, porque la sentencia militar es inapelable y sólo el rey Mohamed VI puede cambiar su destino mediante un indulto real. Lo que sí se puede hacer, han dicho, es que la comunidad internacional, empezando por España, "actúe de una vez y presione a Marruecos para que respete los derechos humanos".
Hasta ahora, denuncia Peraita, tanto el gobierno español del PP como el anterior del PSOE "hacen oídos sordos a las agresiones contra los saharauis". "No sabemos cómo la ONU y España permiten juicios como éste que son una farsa" y "una burla al derecho internacional, sin decir nada", ha remachado, tras indicar que grandes ONG de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Fundación Kennedy han denunciado la falta de garantías del juicio.
Fernando Peraita ha recordado que ayer y hoy El Aaiún, la capital del Sáhara ocupado por Marruecos, está viviendo manifestaciones saharauis por la condena del viernes y que agentes marroquíes las están reprimiendo. "El Aaiún está tomado por los militares, y la ONU sigue consintiendo la represión", dice Peraita. Una situación que el vicepresidente de la asociación pro saharaui, Miguel Castro, ha advertido que puede ser "un giro de tuerca" para que aumente la violencia del conflicto por parte de saharauis desesperados "que no ven otra salida". "Marruecos", ha dicho Castro, "se quiere presentar como víctima en vez de lo que es: verdugo".
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