sábado, 19 de mayo de 2012

Comunicado de CEAS


COORDINADORA ESTATAL DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SÁHARA

Por la Descolonización y la Independencia del Sáhara.

El 20 de Mayo de 1973, la primera acción armada llevada a cabo por los primeros combatientes del naciente Ejército Popular de Liberación Saharaui, supuso para la comunidad internacional -pese a los continuados intentos de ocultar la realidad por parte de las autoridades españolas– la demostración inequívoca de una voluntad política que de ningún modo podría ser ignorada en el futuro. Se consumaba la ruptura política entre la sociedad saharaui y sus colonizadores. El pueblo del Sáhara Occidental, como precisaba su líder más significado Luali Mustafá Sayed, había demostrado que existía como tal y que estaba dispuesto a alcanzar su deseada independencia por encima de la voluntad y los intereses de las potencias occidentales.

A la ONU no le quedó otro remedio que reconocer ese hecho y, a partir de él, a identificar al Frente POLISARIO como único representante legítimo del Pueblo Saharaui y, en tanto que movimiento de liberación nacional contra el colonialismo, con legítima capacidad de utilizar la violencia armada para conseguir sus fines. La comunidad internacional, por tanto, debería de estar predispuesta a prestar ayuda al Frente POLISARIO en todos los niveles, incluido el asesoramiento y ayuda militar.

Una condición que no dudaron en asumir, de forma imperativa, gran parte de los países africanos, encabezados por Argelia, así como muchos de los no alineados y pequeños estados del pacífico y Oceanía; quienes, desde los primeros momentos, no dudaron en validar y legitimar las acciones promovidas por el POLISARIO, como la proclamación de independencia frente a la burla del tratado de Madrid y/o facilitando su colaboración y ayuda en distintos aspectos relacionados con la lucha y las reivindicaciones llevada a cabo por el Frente POLISARIO.

Pero, ni los organismos internacionales, como la ONU, identificados con los intereses económicos y geopolíticos de los poderosos de la tierra más que con la defensa de la legitimidad y de la justicia a nivel internacional, ni, en menor medida, las potencias occidentales que pretenden instrumentalizarlos y, en primer lugar, España, la antigua potencia colonial y principal responsable de la falta de una solución o salida efectiva para el conflicto, han podido perdonar que lo que siempre habían considerado un conglomerado de tribus nómadas mal avenidas, sin organización ni capacidad política, tuvieran la osadía de enfrentarse ¡incluso con las armas! a sus designios y de reclamar lo que en derecho y justicia les correspondía.

Llegará, sin duda, la hora de pedir explicaciones a los estados y a las organizaciones que tienen la responsabilidad de que el sufrimiento del Pueblo Saharaui se haya prolongado año a año y día a día, hasta hoy, durante 39 años.

Deberán de dar cuenta de los civiles, niños, hombres y mujeres muertos durante la ocupación militar de España y Marruecos, de las víctimas masacradas durante el éxodo bajo el horror de las bombas de napalm y fósforo blanco, o simplemente atacadas por la debilidad, el hambre y la enfermedad. Por todas y cada una de las personas que han tenido que exilarse perdiendo hasta la vida, menoscabadas en su dignidad. Deberán de explicar los cientos de personas detenidas, torturadas, desaparecidas o encarceladas por el simple hecho de ser saharauis y empeñarse en afirmarlo frente a la violencia y al horror. Deberán de justificarse por cada una de las armas y de las monedas prestadas al gobierno marroquí para tratar de hacer callar inútilmente a esa voz que se agiganta a la luz de los derechos humanos. Y entre todos los culpables el discutible e indiscutido lugar de privilegio, sin duda, le corresponde a España: al gobierno actual y a todos los que sucedieron al penúltimo gobierno de Franco, pero también a los partidos políticos con responsabilidades de gobierno y a las empresas que vienen haciendo negocio impunemente en esta situación de expolio e ignominia. No nos cansaremos de repetirlo: España sigue siendo la potencia administradora del territorio.

La última resolución del Consejo de Seguridad, en la que la ONU, en contra de sus propios principios y resoluciones pretende prolongar sin plazo ni límite un statu quo que posibilita la ocupación, el exilio, la represión y el expolio del Pueblo Saharaui, bajo la supervisión que no el control de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), sin avanzar ni un ápice en la vigilancia de los Derechos Humanos ni en la realización del referéndum de autodeterminación, no es más que un reflejo del sometimiento de las instituciones internacionales a los intereses más vergonzantes de los estados y las especulaciones de las corporaciones más poderosas.

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